para una sociología de los intelectuales
Por Rodolfo Bledel*
Introducción
Cuando los intelectuales y universitarios franceses salieron
a las calles de París en mayo de 1968 acuñaron, en su prédica de liberación
respecto del statu entonces vigente en Francia, una serie de frases de gran
resonancia política. Una de ellas decía: “los intelectuales al poder”.
En verdad los hombres de la
intelectualidad, en todas partes del mundo, han llegado a ser asesores o
confidentes de quienes han ejercido el poder público, pero difícilmente lo alcanzaron
desde posiciones institucionales de gobierno. La historia revela que han sido
otras clases sociales las que lo consiguieron, como ser los profesionales de la
política, los líderes sindicales, los detentadores de riqueza o los jefes de
las fuerzas armadas. ¿No habrá llegado el momento de que los intelectuales
tengan su reconocimiento institucional para gravitar directamente en el destino
de los pueblos?
Podrá afirmarse que los intelectuales tienen presencia
actualmente por su obra escrita, por ejercer la cátedra o por asesorar a
quienes ejercen el poder. Así lo revela la obra que han realizado, entre otros,
los politólogos, los economistas y los juristas, que se traduce muchas veces en
la formulación de políticas de gobierno.
Pero han influido en el orden de las ideas, con todo lo que
esto tiene de constructivo, sin poder ejercer su aplicación práctica en las
cuestiones de Estado involucradas. Darles un sitio para ello parece una idea
que tiene futuro; por lo menos, dejémoslo formulado como un esperanzado
proyecto. Quizá la paz del mundo y un mejor nivel de vida de los pueblos se
logrará el día en que los intelectuales ocupen puestos clave en los gobiernos.
Platón y los políticos intelectuales (regentes filósofos)
Werner
Jaeger, en su ejemplar libro titulado Paideia, los ideales de la cultura
griega (1), aborda el pensamiento platónico
en toda su amplitud, incluida la función del político- intelectual en sociedad.
Según
Platón, la educación debería estar dirigida a formar hombres más seguros y más
valientes, quienes serían los futuros “regentes-filósofos”, aquellos …más aptos
para “el juego ágil de la dialéctica”. Señalaba la conveniencia de que la
elección del candidato recayera a edad temprana, con miras a “ponerlo un día al
frente del Estado”. La enseñanza, sostenía, debía comenzar en la misma infancia
y en su formación interesaba involucrarlo tanto con la teoría como con la
práctica.
Se
incurre, a veces, en el error conceptual de atribuir a Platón una posición exclusivamente
idealista. Como buen filósofo, se adentraba tanto en lo ideal como en lo
práctico, en una integración tanto trascendental como ponderada.
El
futuro gobernante, el regente-filósofo, afirmaba, debía tener una importante
formación dialéctica (expresión originariamente derivada de diálogo), basada en
una sólida educación política y en el conocimiento profundo de la filosofía
griega desde Sócrates y además, debía captar los ideales de una comunidad como
una cuestión prioritaria. Sobre el particular, Jaeger abre un apartado en su
libro que titula “El Estado en nosotros” (2)
. Platón estimaba que quince años era el período de tiempo necesario
para lograr el ejercicio de la dialéctica, cuyos estudios debían ser impartidos
tanto al hombre como a la mujer.
El fin de la Edad Media
Durante el largo sueño místico de la humanidad en el
Medioevo, las autoridades eclesiásticas interpretaron y transmitieron lo que
entendían eran mandatos de vida emitidos por la Providencia para modelar la
personalidad de sus feligreses y establecer normas de conducta social. Al fin
de la Era, surgió Santo Tomás de Aquino (1225-74), teólogo y filósofo italiano,
con su Suma Theologica (1267) y se constituyó en el intelectual más
significativo y relevante del período. Fundado en Aristóteles por medio de las
lecturas de Averroes, fue quien mejor resumió el pensamiento medieval. Su obra
linda con la frontera que lo separaba apenas de los nuevos racionalistas que
antecedieron a los renacentistas. Existe
en su pensamiento un aire de modernidad que han destacado en nuestros días
escritores como E. Gilson y J. Maritain. Esta cualidad de la Suma Theologica
fue la que llevó al Papa León XIII a declararla la filosofía oficial de la
Iglesia Católica (3).
El intelectual de la época contemporánea
A fines del siglo XVIII, dos acontecimientos políticos
trascendentes marcaron el comienzo de una era histórica; estos sucesos son la
declaración de la independencia estadounidense de 1776 y el pronunciamiento
francés de 1779. En el campo de la cultura, emerge la llamada Modernidad o
Iluminismo, que entroniza la razón en el discurso filosófico. Emmanuel Kant,
con la Crítica de la razón pura pone su sello intelectual a la época. Su
influencia alcanzó a quienes se dedicaron al estudio del hecho social, principalmente
aquellos de naturaleza económica. En esta materia, Adam Smith (1823-90),
profesor de filosofía social (moral philosophy), después de ocuparse de las
características de la personalidad del hombre en la esfera de los sentimientos
e impulsos egoístas, abordó la cuestión de su sostenimiento físico-espiritual,
que él llamó Economía Política (4).
Smith
no sólo ejerció la cátedra en la Universidad de Glasgow, donde enseñaba como
recordamos filosofía social, sino que simultáneamente tenía a su cargo la
presidencia de la Sociedad Real de Filosofía de Gran Bretaña. El filósofo David
Hume, que fue su colega académico en la Universidad de Glasgow, lo acompañó
también como secretario en la referida Sociedad Real de Filosofía. Al recordar
estos antecedentes del fundador del liberalismo económico y su formación
humanística, no se puede menos que sonreír cuando se piensa en los economistas
liberales de nuestros días, tan propensos a rechazar las consideraciones
filosóficas.
Con la
extinción de las corporaciones medievales y el incremento de las actividades
comerciales e industriales, en buena medida por la aplicación de la máquina a
vapor, surge un proceso económico- social, la denominada Revolución Industrial.
Existió,
además, una nueva cuestión de naturaleza política. Con la sanción en Gran Bretaña de la ley electoral en 1832,
se otorga el voto y el derecho a ser elegido representante popular a quien
disfrutara de una determinada capacidad económica fijada por el alquiler que
abonara por su vivienda. Surge así la clase de los burgueses, que enfrentó a la
dominante clase de los aristócratas-terratenientes.
Con el
crecimiento industrial se producen importantes desplazamientos demográficos en
las ciudades. En pocos años Manchester y Liverpool superaron los cien mil
habitantes.
Gran
Bretaña se había constituido en el primer productor industrial del mundo, con
un amplio dominio sobre los mercados para la colocación de sus productos.
Apertura ideológica a fines del siglo XIX
La Revolución Industrial, que había transcurrido durante el
siglo decimonónico, produjo, a la par del progreso económico, una situación
histórica original que se sintetizó en la expresión “cuestión social”. El
crecimiento del poder empresarial y su conducta con respecto a sus obreros, fue
paulatinamente cuestionado por los movimientos obreros nacientes y por los
líderes políticos socialistas.
La obra
de Carlos Marx y de Federico Engels y la declaración de ambos conocida como el
Manifiesto comunista fueron ampliamente difundidas. La influencia alcanzó a
Gran Bretaña y otros países de Europa. En la primera, un grupo de intelectuales
simpatizantes del nuevo ideario político-social crea la Sociedad Fabiana. Entre
sus fundadores estaban el dramaturgo Bernard Shaw y el matrimonio formado por
Sidney y Beatrice Webb. Esta pareja patrocinó la creación de la London School
of Economics, una universidad privada que ha llegado con gran prestigio a
nuestros días y de la que han egresado personalidades en las áreas económica,
política y social.
A fines
del siglo XIX, un nuevo cuadro social caracterizó el estadio histórico de los
países más ricos. La concentración de capital en cabeza de la naciente clase
burguesa, lanzada a la maximización de las ganancias, llevó a un trato riguroso
y poco considerado de la clase obrera. Esta situación desencadenó agitaciones
populares fomentadas por este sector que, aparte de vivir en condiciones a
veces infrahumanas de labor, carecían de un estatuto legal para constituir
sindicatos.
Crisis del liberalismo
Al
cuadro social que se acaba de señalar se agregó, en 1914, la Primera Guerra
mundial. Gran Bretaña fue la primera nación europea en establecer severos
controles sobre la economía nacional. El Estado fue dotado de poderes para
intervenir sobre ésta, fundado en razón de la emergencia bélica. Para cumplir
con sus fines, se dotó al gobierno de regímenes de derecho administrativo que
fueron objeto de críticas por parte de los constitucionalistas. Se consideró
que ello implicaba un avance sobre un principio liminar del derecho británico,
la primacía del derecho común del ciudadano. Terció en el caso el mismo
presidente de la Corte Superior de Justicia, Corte que forma parte de la Cámara de los Lores. Lord Hewart escribe entonces un libro que titula El nuevo despotismo (5) . Así calificaba el avance de la nueva
legislación administrativa. Esto causó una conmoción pública que llevó al
gobierno a constituir una comisión de estudio sobre la cuestión, que produjo un
Informe, un documento público de primer orden (6).
De
todos modos, el tema había echado raíces institucionales y tendía a
consolidarse. En estas circunstancias, el profesor titular de economía de la
Universidad de Cambridge, Arthur Pigou publica en 1920 su libro La economía del
bienestar (The economics of welfare), el cual sentó las bases de una
distribución moderna de la renta nacional.
La experiencia estadounidense. Surgimiento del estado de
bienestar
Este crucial problema de Estado surgirá pocos años después
en los Estados Unidos con motivo del desencadenamiento de la crisis
económico-financiera iniciada en 1929.
El
candidato presidencial triunfante, F.D. Roosevelt asume en 1932 en medio de una
debacle financiera que sume al país en una crisis económica desconocida en el
pasado. Se elevan proyectos de ley al Congreso para que los sancione en un
plazo de cien días. Estos proyectos
estaban referidos a la recuperación (recovery acts) industrial, agrícola, a la
emergencia bancaria y a la seguridad social. Una vez aprobadas las leyes, se
facultó al poder ejecutivo a sancionar “códigos de aplicación” de la
legislación, los cuales a poco de entrar en vigencia fueron declarados
inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia con el fallo del caso
Schehter. De este modo se inició una desinteligencia entre el Ejecutivo y la
Corte que provocó el retiro de algunos de sus miembros del alto tribunal.
El
Presidente se rodeó, para el cumplimiento del New Deal, de un grupo de
intelectuales de primera línea. Producidas algunas vacantes en el tribunal
superior de justicia, los cargos fueron cubiertos por los profesores Felix
Frankfurter, de la Universidad de Harvard y por William O. Douglas, de la
Universidad de Yale.
En el
equipo de gobierno figuraron dos destacados profesores: James Landis, quien
ocupó durante la guerra puestos administrativos y años después fue decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y Adolph Berle, de la
Universidad de Columbia. Éste último organizó la comisión, que investigó la
conducta de las grandes empresas en la emergencia de la crisis económica,
conocida por la sigla TNEC .
La
experiencia de Estado que representó el New Deal, con una precisa intervención
del gobierno sobre la distribución de la renta nacional con relación a los
salarios y al consumo de los bienes primarios de las poblaciones, implicó
acreditar el modelo del Estado del bienestar.
En el
campo teórico tuvo una aceptación sumamente generalizada e inspiró otras ideas,
como la del desarrollo económico. Hasta entonces, el análisis para resolver
cuestiones de crisis contaba con el esquema clásico de las funciones típicas
que se desenvuelven en torno del mercado, a saber, producción (con sus factores
naturaleza, capital y trabajo), distribución y consumo.
El nuevo método del desarrollo se fundó en el conjunto de
estructuras o variables que lo integran. Las más importantes son: población
(estructura motriz), capital en bienes y capital tecnológico que dependen de
las inversiones públicas y privadas. Una ilustración comparativa sobre su
aplicación a economías con distintos grados de desarrollo permite comprender el
valor del método. Las variables son estimadas según experiencias históricas
dadas. Una pauta diferencial sobre la tasa demográfica de crecimiento revela
que mientras en un país europeo es de 0,7% anual (Suiza), en un país asiático
es de 3,5% en el mismo período.
Ambos métodos, el del mercado y el del desarrollo, son de
aplicación simultánea en el análisis de una economía moderna. Con el primer
modelo se logró teorizar antiguamente una economía estática; con el segundo se
alcanzó en forma metodológica el estudio de la economía dinámica (7); se cuenta así con mayores elementos para el
análisis económico de las crisis y de la planificación económico-social.
Declinación temporaria de la economía del bienestar
Cuando se inició el período de reconstrucción en los países
afectados por la última contienda
mundial, desde los centros de poder económico capitalista tuvo comienzo una
campaña de prédica a favor de la restauración de un liberalismo ortodoxo. Se
exaltaron los dogmas clásicos del sistema y se formaron grupos de intelectuales
que tenían como objetivo su divulgación pública. En Suiza, en el año 1947, se
constituyó con aquel fin y por iniciativa de economistas liberales de diversos
países, la Sociedad de Mont Pélérin. Fueron miembros fundadores de la entidad
F. Hayek, L. Baudin, L von Misses, A. Hunold y M. Friedman, entre otros.
El
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han adherido a las
postulaciones de esta escuela al realizar los asesoramientos técnicos a sus
países-miembros. Con relación a las economías en desarrollo, que han adoptado
en décadas recientes una economía del bienestar, son para esos entes cuestiones
centrales: a) el desmontaje del intervencionismo estatal del proceso económico
y b) la privatización de las empresas que constituyen el sector público de sus
economías. Su meta ha sido el fin del Estado de bienestar.
Se
procura abatir instituciones fundadas en principios racionales y progresistas,
dentro de la tradición modernista. Jurgen Habermas y Jean Piaget fueron
adalides en la lucha que entablaron contra quienes surgieron, principalmente en
Europa, esgrimiendo argumentos posmodernistas, bajo el lema simplista de que
“todo vale”. Esta idea llegó a trascender entre los políticos pragmáticos que
se identificaron con el interés económico y el afán de lucro del capitalismo
transnacional.
La
concreción de esta política, en el plano internacional, fue expresada en el
Consenso de Washington por la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret
Tatcher y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en la década de
los ’80. Entonces declararon “la esperanza” (sic) de que el capitalismo moderno
se construya sobre las bases de un sistema libre y activo. Son conocidos los
abusos que se han cometido en nombre de este enunciado y que han afectado, en
particular, a los países de economía dependiente y, en general, a la economía
mundial.
Una cuestión semántica: la denominación “neoliberalismo”
Los economistas montpelerianos se han apropiado, para
calificar su posición doctrinaria del vocablo “neolibelalismo”. En rigor de
verdad son ultraliberales, exaltan sin medida al sistema clásico liberal, que
es el modelo que las potencias anglosajonas han adoptado a fines de siglo.
La
denominación originariamente fue utilizada para calificar a la economía del
bienestar. Se entendió que con ella se había operado una reforma institucional
al sistema de libre mercado, fundamentalmente sobre su aparato distributivo.
Esto significó introducir un elemento socializador en el sistema.
En esta
experiencia, el liberalismo económico fue sometido a un proceso de
transformación institucional para acomodarlo a una realidad social distinta de
la que debió afrontar en momentos de su creación y durante el siglo XIX. Esa
experiencia se inspiró en un reformismo social y en la necesidad, ante los
progresos tecnológicos, de determinar un nuevo perfil de civilización.
Por
estas razones la partícula “neo” agregada a la palabra liberalismo corresponde
exclusivamente a la economía del Estado de bienestar, que nada tiene que ver
conceptualmente con la economía ultraliberal reaccionaria de nuestros días, a
la que empero se adjudica corrientemente su uso.
En esas
circunstancias surgió el derecho económico que, desde sus comienzos, se apoyó
en el brazo fuerte del derecho público, para sustentar su autonomía jurídica.
El derecho económico ha fundado planes nacionales económico-sociales que,
conjuntamente con la interrelación de regímenes jus-económicos especiales
(derecho monetario, bancario, aduanero, etc.), ha completado su caracterización
como rama jurídica.
En
cuanto el comercio entre países, cabe señalar el hecho negativo del avance de
la globalización impuesta al mundo por las naciones altamente industrializadas
sobre regiones que cubren países en desarrollo, con grave daño para sus
economías, como ocurre con el proyectado ALCA, concebido bajo la tutela
política del gobierno estadounidense. Dada esta experiencia debe defenderse la
independencia del MERCOSUR.
Reacción política y doctrinaria contra el ultraliberalismo
La política económica ultraliberal adoptada por algunos
países en años recientes, como fue el caso argentino durante las décadas
finales del siglo XX por imposición del Fondo Monetario Internacional, han
llevado a los pueblos a crisis económicas crónicas, con la secuela de millones
de desocupados, quiebras de establecimientos industriales, reducción de
recursos con fines educativos, desnutrición física y otras dolencias.
En
centros de investigación de países de economías en desarrollo, la crítica al
ultraliberalismo ha sido unánime. En algunos casos han surgido movimientos
universitarios que han producido documentos de gran resonancia pública. En la
Argentina se elaboró el Plan Fénix, obra de un grupo de profesores y académicos
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Resulta también destacable el tratamiento que sobre el tema ha realizado el
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), por medio de su
cátedra y de su revista Realidad Económica.
El
resurgimiento en Gran Bretaña de la figura de John M. Keynes, tanto en el plano gubernamental como en los centros de
estudio, resulta también sumamente significativa de la referida reacción. Sobre
él existía una biografía escrita años atrás por R. F. Harrod (ed. 1951) y a
fines de siglo se han publicado dos nuevas, una de Robert Sidelsky, en dos
tomos (ed. 1986 y 1992) y otra de Donald E. Moggridge (ed. 1991).
Asimismo,
el actual gobierno británico ha limitado el compromiso asumido en el Consenso
de Washington ante el proyecto anunciado por el ministro del Tesoro, Gordon
Brown, en la conferencia pronunciada en la Royal Economic Society, en la
primavera del año 2000, cuando anticipó que el ministerio a su cargo
organizaría seminarios privados bajo el título de “Keynes en el siglo XXI”(8). Evidentemente existe en el mundo una
corriente doctrinaria tendiente a restaurar el antiguo modelo del Estado de
bienestar, con el agregado de algunas contribuciones keynesianas. Por razones
explicables ello se expresa a través de un clamor que estalla en los países de
desarrollo limitado o intermedio.
Hacia una sociología de los intelectuales de la política, el
derecho, la economía y el pensamiento social
Una sociología de los intelectuales, en su más amplia
expresión, al estilo de Max Weber y de Tomás Maldonado, puede mostrarnos en las
sociedades actuales especializaciones
como la del economista, el jurista, el sociólogo, el politólogo y el estudioso
del pensamiento social. Maldonado llega más lejos, pues apunta a una sociología
de la ciencia y de la técnica y hasta a una sociología de los partidos políticos (9).
Tal
sociología está unida en algunos casos a un método estrictamente
interdisciplinario. El ejemplo más saliente es el referido a la relación entre
la economía y el derecho, como lo revela la historia que sobre el particular se
ha vivido durante la última centuria y que en parte hemos visto al principio de
este trabajo.
La
formulación de nuevas políticas económicas ha implicado un reconocimiento
progresista del intervencionismo estatal en los procesos económicos. Dichas
políticas han sido sometidas a metodologías originales, lo cual ha permitido
desplazar antiguas concepciones doctrinarias y teóricas en aras de adecuar las
instituciones tradicionales a los nuevos tiempos. Hemos visto cómo introducir
ideas como la de desarrollo y estructura tomadas de las humanidades ha significado adoptar nuevos enfoques
racionales en el campo de las ciencias sociales y, en particular, de la
economía.
En este
sentido el aporte probablemente más importante prestado a la ciencia social por
la política ha sido el reconocimiento de los derechos humanos. En 1948, las
Naciones Unidas proclamaron, en un documento trascendental, los derechos
esenciales del hombre.
Aparecida
en momentos en que doctrinarios sociales y filósofos enaltecen los principios
de la Modernidad, se presenta en el campo de sus estudios la llamada rama de
las Ciencias Humanas o Antropología Filosófica. La apelación elegida se debió a
que se adjudicó a las ciencias económicas y jurídicas su propia fundamentación
sociológica y filosófica, lo que antes era cuestión encarada por la filosofía.
Son
muchos los nombres de quienes han contribuido al estudio de la nueva rama
científica como los antes recordados, J. Habermas y J. Piaget, a los que pueden
agregarse los de M. Landman, B. Groethuysen, A. Gehlen y C. Lévi Strauss.
La
nueva disciplina ha brindado argumentos para justificar el desplazamiento del
eje doctrinario de la ciencia económica: ahora, algunos afirman que el eje es
el hombre, su calidad de vida, en lugar del antiguo concepto liberal de fijarlo
en la lógica de la ganancia y su
maximización.
Evidentemente, es cada vez más importante una severa
formación cultural en quienes se dediquen a investigar sobre estas novísimas
aportaciones referidas a la ciencia económica. Ella es también necesaria en los
hombres dedicados a la acción pública.
Al intelectual argentino de la ciencia social. El pasado nos
contempla.
La identidad nacional es el resultado de un cúmulo de
manifestaciones espirituales y culturales de un país. La Argentina se ha
distinguido por un elevado grado de capacidad intelectual de sus creadores en
la ciencia, en la técnica y en las distintas expresiones del arte y por la
confiabilidad que inspiran sus profesionales en las distintas ramas de la
actividad general.
A lo
largo de su historia, el país ha tenido políticos probos que dirigieron los
negocios públicos con eficacia administrativa e independencia. La relación de
mandante y mandatario tuvo vigencia en la acción política, tanto en los efectos
jurídicos como éticos.
Esta
fue una condición establecida y cumplida por todos los cuadros de gobierno en
las décadas en las que se consolidó la unión nacional por medio de la
Constitución de 1853. La generación de gobernantes de la segunda parte del
siglo XIX produjo una revolución institucional que se reflejó en el progreso
cultural y económico del país. Por conocidos no hace falta recordar a los
prohombres que sentaron las bases de un Estado moderno en el país. Algunos de
ellos, además, se destacaron por su maestría en el manejo del idioma, producto
de una vocación que los condujo muchas veces a la literatura en sus variadas
manifestaciones.
En esos
tiempos hubo sinceridad en la palabra de los políticos, lo cual se transmitía a
los mandantes. Se creaba un clima de idealismo colectivo y se erigían metas a
veces utópicas aunque impulsoras de la dinámica social. Se honraban las
investiduras y ello confería una auténtica autoridad a los funcionarios.
Después
de tantos quebrantos sufridos en años recientes en nuestro accionar político,
es hora de volver la vista a la obra de aquellos patricios beneméritos. Ellos
dieron un significado excelso al vocablo patriotismo tan desmedrado u olvidado
por gobernantes corruptos o simplemente incapaces para asumir funciones de
gobierno.
No sólo
habrá que prepararse para un cambio de las costumbres políticas de dirigentes y
afiliados de los partidos políticos, sino también del ciudadano en general.
Podría intentarse para ese fin una fórmula como la siguiente: “El ciudadano y
el político deben estar comprometidos a apoyar un Estado democrático y de
naturaleza civil, ideológicamente pluralista y con facultades de regulación sobre
el proceso económico-social y en el que el interés público prevalezca sobre el
interés privado en los casos en que se produce un mutuo enfrentamiento.
En la reforma cultural en ciernes habrá que dar a la crítica
un lugar preferente en las universidades y centros de investigación superior.
Ella ha sufrido una caída visible en décadas recientes. Es justo señalar que no
sólo ha sucedido en el país, sino también en otras latitudes. El sociólogo
francés Pierre Bourdieu ha dejado al final de su vida un conjunto de ensayos
sobre grandes temas de nuestro tiempo(10);
en uno de ellos titulado Instituer efficacement l’attitude critique comienza
por reconocer el lugar que ocupa Michel Foucault en el análisis sobre el
intelectual-crítico, cuando formula preguntas como la siguiente: “¿Es posible
conciliar la investigación crítica con la acción política?”. Bourdieu
consideraba ejemplar la conducta de dicho filósofo al no estar al servicio de
ninguna fuerza política, ni de derecha ni de izquierda.
Terminemos estas líneas revelando la importancia que le
atribuyó a la crítica un patriota nuestro, Esteban Echeverría cuando
decía: “... nuestra misión es
esencialmente crítica porque la crítica es el gran instrumento de la razón” (11).
(1) Werner Jaeger, Paideia griega, los ideales de la cultura
griega, Ed. Fondo de Cultura Económica,
2ª reimpresión, México, 1968.
(2) W. Jaeger, op. cit., p. 753.
(3) Sobre santo Tomás de Aquino puede leerse la breve y
excelente nota de la Enciclopedia Columbia. N.Y., 1967.
(4) La
primera obra la tituló The theory of moral sentiments (1759) y la segunda The wealth of
nations.(1776)
(5) Hewart
of Bury, Lord, The new despotism, London, Ed. Benn., 1929, 1ª reimpresión 1945.
(6) Ha sido traducido y publicado por nosotros como Apéndice
de nuestro libro Introducción al estudio del derecho público anglosajón, Buenos
Aires, Ed. Depalma, 1947.
(7) Cf. F.
Harrod, Towards a dynamic economics, London, 1956, Ed. Macmillan.
(8) Cf. Comercio Exterior, Publicación Banco Nacional de
Comercio Exterior de México (diciembre 2000 y enero 2001) y muestra nota
publicada en Realidad Económica, Bs. As., Nª 182(30-9-2001) titulada El
resurgimiento del pensamiento keynesiano y otras consideraciones actuales.
(9) Tomás Maldonado, ¿Qué es un intelectual?, aventura y
desventura de un rol. Buenos Aires, 1ª edición, Ed. Paidós, pp. 42-43, donde
abre capítulo sobre la sociología de los intelectuales.
(10) Pierre Bourdieu, Interventions (1961-2001). Science
politique et action politique, textos escogidos por F. Poupeau & Th.
Discepolo, París, 2001, Ed. Aragon.
(11) Cita que encabeza el libro de Héctor P. Agosti, Ed. Futuro,
Bs. As., 1951.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNBA).
Profesor Titular de Política Económica en las Universidades
Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Litoral y Lomas de Zamora. Autor de
diversas publicaciones de la especialidad.
